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(des)Amparados
Autor: Begoña Carrasco García, Portavoz en el Ayuntamiento de Castellón
Dime de qué presumes y te diré de qué careces. El gobierno municipal de PSOE, Compromís y Podemos al frente del Ayuntamiento de Castellón tiene pendiente de pago hasta 7 mensualidades a la empresa que se encarga de una prestación a la ciudadanía tan sensible como es el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD). Una deuda que alcanza ya los 800.000 euros y que pone en jaque no solo la viabilidad de la firma concesionaria, sino a las propias trabajadoras, que ante la falta de liquidez, están comenzando a dejar de percibir sus mensualidades.
Una vez más, por un lado van los titulares de la Disneylandia de colores que vende la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, con su aparato de propaganda, y otra muy distinta es la realidad, que es mucho más negra de lo que quiere hacer creer a los castellonenses y, desde luego, sería deseable.
Hace muchos meses que venimos denunciando la parálisis que se vive en el seno de la Administración local desde el punto de vista de la gestión interna. Los conflictos internos de los tres partidos que componen el Acord de Fadrell y su falta de capacidad para dirigir un buque de las dimensiones del Ayuntamiento de Castellón hace que los asuntos se atasquen y se eternicen en el mejor de los casos. En otros, directamente, caen en el olvido. Rodillo y silencio, las dos máximas de un gobierno volcado en la ideología pero no en resolver los problemas de los castellonenses.
Los impagos a la empresa del Servicio de Atención Domiciliaria solo es la punta del iceberg. El contrato con la firma que presta el servicio está caducado desde 2019. Uno más de los muchos que se arrastran sin actualizar, en algunos casos desde el año 2016.
¿Alguien lo entiende? Solo desde el año 2016 hasta el año 2020, el gobierno de PSOE, Compromís y Podemos han pagado más de 43 millones de euros a través de facturas fuera de contrato, es decir, fuera de los procedimientos legales.
Hacer las cosas mal tiene consecuencias. Y los impagos a la empresa del SAD, y por extensión a sus 57 trabajadoras, están entre ellas. El problema es que estamos ante un conflicto social que se deriva por causas ajenas a la empresa concesionaria, y desde luego, los castellonenses se van a llevar la peor parte, puesto que 209 personas en situación de vulnerabilidad, personas mayores o grandes dependientes, pueden verse privadas de un servicio vital y básico, en plena pandemia.
No señora Marco. La culpa no es de los técnicos municipales. Cada vez que hay un problema, usted da patada al balón y lo echa en otro tejado. Pero la responsabilidad es suya, solo suya. Va en el sueldo de 79.000 euros de la alcaldesa. Si la empresa no cobra es porque el Ayuntamiento no le paga, y no le paga porque el concejal de su área no ha ejercicio las funciones que le corresponden.
Desde el Partido Popular exigimos responsabilidades políticas. Venían a rescatar personas, pero las ponen de nuevo a la cola de sus prioridades. Los castellonenses no merecen un gobierno que desatiende justo a quienes más lo necesitan cuando más falta hace.
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