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Sin libertad no hay educación
Autor: Isabel Bonig Trigueros, Presidenta del Partido Popular de la Comunitat el Valenciana
La política lingüística que está poniendo en marcha en la Comunitat el presidente, Ximo Puig, es una auténtica catástrofe para los valencianos y atenta al derecho de los padres a la hora de elegir la lengua vehicular en la que quieren que estudien sus hijos. La libertad y el Pacto del Botànic se llevan mal porque es un acuerdo político que nace como fruto de la unión de siglas de todo signo (independentistas, antisistema y socialistas debilitados) para desalojar a toda costa al Partido Popular.
LA FALTA de programa propio conlleva que la ideología se imponga a los intereses de la Comunitat y he aquí que el efecto de imitación del independentismo catalán ha calado hondo en el Consell: controlar la educación es su principal objetivo para conseguir conformar una escuela de pensamiento único y de exclusión del castellano. El PP siempre ha estado frontalmente opuesto a esta práctica sectaria que busca transformar la sociedad desde las edades más tempranas y vamos a luchar por evitarlo.
Ese intervencionismo de las instituciones y la sustitución del papel de los padres es lo que ha llevado a los tribunales, otra vez, a darnos la razón a quienes desde hace años denunciamos el decreto de plurilingüismo. El conseller Marzà, con el visto bueno de Puig y Oltra, ha evitado cumplir las sentencias y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) lo ha declarado nulo parcialmente por discriminar el castellano frente al valenciano en las aulas.
El espíritu de ese decreto está en la ley educativa aprobada por el tripartito y continua vigente --aunque lo derogaran en diciembre pasado-- porque esa nueva legislación sigue sin proteger la libertad de los padres de decidir sobre la educación de sus hijos y no impulsa la proporcionalidad entre el castellano y nuestra lengua autóctona.
Por ello, vamos a hacer todo lo posible para que el Gobierno central que preside Mariano Rajoy recurra esa ley de imposición lingüística y devuelva la libertad educativa a la Comunitat, un derecho constitucional que Puig está intentando conculcar de manera sistemática y repetitiva. La convocatoria de la comisión bilateral entre Gobierno y Consell debe servir para advertir que no puede seguir adelante este desafío a los tribunales y el daño que está causando a nuestro sistema educativo la política de Puig.
LA LEY educativa del tripartito tiene visos de inconstitucionalidad y desde el PP vamos a defender el castellano y el valenciano, sin enfrentamientos, al tiempo que atenderemos a los padres a los que Puig lleva tres años ninguneando para decirles que estamos a su lado.
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