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Sentencia Avenida Generalitat
Autor: Luis Martínez Fuentes, Teniente alcalde del Ayuntamiento de Almassora
Almassora pagará este año 8,3 millones de euros para afrontar el pago de la sentencia por las indemnizaciones del Plan Especial de Reserva de Suelo de la avenida Generalitat. Un desembolso que no evitará que el municipio cierre el ejercicio con una deuda que reduce a la mitad la heredada por la coalición PSPV-Bloc en el año 2003.
La capacidad municipal para responder a una suma de este calado ha sido posible gracias a la política de contención del gasto que este equipo de gobierno que lidera Vicente Casanova ha aplicado desde hace una década. No es casual que en un momento de crisis como el que atravesamos una administración local que maneja un presupuesto de 18 millones de euros haya podido generar un ahorro de más de 5 millones en recursos propios.
Una suma que irá destinada íntegramente al pago de la sentencia de la avenida Generalitat, y que junto a cuatro préstamos que suman 3,1 millones de euros, nos permitirán pagar la totalidad de la sentencia.
Este presupuesto se ha obtenido, además, en un tiempo récord. El 17 de enero de 2013 el TSJ emitía un auto que obligaba al consistorio a abonar una suma de 8,1 millones de euros. En cinco meses hemos logrado adjudicar préstamos y obtener ahorros que alcancen la suma a saldar a los afectados. Y lo hemos hecho sin el apoyo de la oposición, puesto que de ser por ellos, los afectados no tendrían la opción que nosotros sí les hemos dado, la de cobrar antes del 17 de julio, tal y como señala el auto del TSJ.
El voto favorable que PSPV y Bloc dieron el 17 de febrero de 1997 a la aprobación provisional del PERS no se ha traducido, posteriormente, en respaldo al pago de indemnizaciones. Pese a que fueron ellos durante su mandato los que decidieron recurrir por vez primera ante el Tribunal Supremo, hemos tenido que escuchar de forma reiterada que este equipo de gobierno, lejos de seguir este camino que ellos mismos abrieron, debía negociar con los afectados y pagar.
Nos preguntamos a qué precio. Si los 32 millones de euros, los 24 y hasta los 17 que el PSPV lanzó a bombo y platillo meses antes de las elecciones de 2011. Lo cierto es que Almassora pagará menos de la mitad de la última cifra aventurada por el PSPV. A razón de 60 millones de las antiguas pesetas la hanegada de rústico, tal y como hemos acatado tras la sentencia firme emitida por el TSJ el pasado año.
Lejos de la bancarrota, lo cierto es que no solo pagaremos los 8,3 millones de euros de las indemnizaciones. Además situaremos la deuda municipal en un 47,6% a final de año, lejos del 95% que nos entregaron PSPV-Bloc al cierre de su mandato. Y lo hemos hecho desde la responsabilidad, la prudencia y el silencio al que obligaba un procedimiento que estaba en los tribunales, haciendo oídos sordos a las declaraciones alarmistas de la oposición que hoy, pasados diez años, se demuestran falsas.
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