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La Diputación impulsa la lucha contra la despoblación con 3,2 millones del Fondo de Cooperación para 88 municipios de Castellón
El pleno aprueba por unanimidad el reparto del Fondo de Cooperación Municipal para la lucha contra el despoblamiento cuyo importe se ha incrementado un 63% y suma 4 municipios respecto a la convocatoria del 2023
Gabinete de prensa Diputación Provincial | 17-12-2024
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El último pleno del año en la Diputación también alza la voz para exigir una financiación local justa y para defender uno de los sectores estratégicos de la economía de la provincia, la pesca
La Diputación de Castellón refuerza la lucha contra la despoblación y aprueba la asignación de 3,2 millones de euros del Fondo de Cooperación Municipal entre 88 municipios de la provincia.
El pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre y celebrado este martes, ha aprobado por unanimidad el reparto del Fondo de Cooperación Municipal para la lucha contra el despoblamiento cuyo importe se ha incrementado un 63% y suma 4 municipios respecto a la convocatoria del 2023.
Como ha expresado el vicepresidente y portavoz del Gobierno Provincial, Héctor Folgado, "esta es la mayor aportación al Fondo de Cooperación para la lucha contra el Despoblamiento". En cifras totales, para el 2024 se destinan 3.193.439,00 euros.
Los 88 municipios beneficiarios tendrán fondos de la Generalitat Valenciana y la Diputación con el objetivo de poder mejorar los servicios y asentar población. Y es que, a la inversión aportada por parte de la Diputación se suma la ayuda procedente del Consell por lo que, el Fondo contra la Despoblación para la provincia de Castellón se incrementa 2,47 millones de euros, pasando de 3.915.903 euros en 2023 a 6.386.875,44 euros en 2024.
Este Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana tiene como objetivo proporcionar a los municipios en riesgo de despoblación recursos financieros suficientes para responder a la necesidad de promover la mejora de la prestación de servicios públicos. Son perceptores los ayuntamientos de los municipios con una población inferior a 300 habitantes y aquellos otros que teniendo una población superior cumplen los requisitos establecidos por la Generalitat Valenciana para obtener la consideración de municipio en riesgo de despoblación. Estos requisitos están relacionados con la densidad de población, crecimiento demográfico, tasa de crecimiento vegetativo, índice de envejecimiento, índice de dependencia y tasa migratoria.
La relación de municipios de la provincia de Castellón beneficiarios del Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra la Despoblación es la siguiente: Aín, Albocàsser, Alcudia de Veo, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Arañuel, Ares del Maestrat, Argelita, Atzeneta del Maestrat, Ayódar, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Benafigos, Benassal, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Castellfort, Castellnovo, Castillo de Villamalefa, Catí, Caudiel, Cervera del Maestre, Chóvar, Cinctorres, Cirat, Cortes de Arenoso, les Coves de Vinromà, Culla, Espadilla, Fanzara, Forcall, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Gaibiel, Geldo, Herbers, Higueras, La Jana, Lucena del Cid, Ludiente, La Mata de Morella, Matet, Montán, Montanejos, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Pavías, Pina de Montalgrao, la Pobla de Benifassà, Portell de Morella, Puebla de Arenoso, Rossell, Sacañet, la Salzadella, Santa Magdalena de Pulpis, la Serratella, Sierra Engarcerán, Sueras, Teresa, Tírig, Todolella, Toga, Torás, El Toro, Torralba del Pinar, la Torre d'En Besora, la Torre d'En Doménec, Torrechiva, Traiguera, les Useres, Vall d'Almonacid, Vallat, Vallibona, Vilafranca, Vilanova d'Alcolea, Vilar de Canes, Villahermosa del Río, Villamalur, Villanueva de Viver, Villores, Vistabella del Maestrat, Xert, Xodos, Zorita del Maestrat y Zucaina.
Por una financiación local justa
Junto al Fondo de Cooperación Municipal para la lucha contra el despoblamiento, el pleno también ha alzado la voz porque los 135 municipios sean escuchados y, al respecto, el equipo de gobierno, junto a los grupos de la oposición PSOE y Compromís se han unido para solicitar al Gobierno Central la reforma del sistema de financiación local con nuevas medidas que beneficien a los pueblos más pequeños.
Como ha expresado el diputado Sergio Toledo, "si queremos luchar contra la despoblación, tenemos que ofrecer a las personas que quieran vivir en pueblos pequeños las mismas oportunidades e igualdad de derechos en el acceso a servicios e inversiones que pueden encontrar en las ciudades". Además de esa lucha contra la despoblación, la última reforma de la financiación local se aprobó en 2002 y, desde entonces, las necesidades de los pueblos han cambiado "por lo que es necesario reformar el actual sistema de financiación y adaptarlo a lo que necesitan los gobiernos locales, obligados a asumir nuevas competencias sin disponer de los recursos correspondientes", ha indicado el diputado provincial.
En la propuesta de acuerdo de la moción aprobada se incluye la exigencia de actualizar tanto la Ley 7/1985 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local como la Ley 27/2013, de 29 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para la revisión al alza de las competencias locales en materia de servicios sociales y socio sanitarios, economía, empleo, desarrollo local y agenda urbana, políticas de juventud, políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género, consumo y educación.
Además de instar al Gobierno de España a que de manera prioritaria y urgente impulse la reforma del actual sistema de Financiación Local, de forma simultánea al de la financiación autonómica, de acuerdo con las premisas aprobadas por el XIII Pleno de la FEMP, a través de la moción también se solicita al Gobierno de España la suspensión de las Reglas Fiscales para el ejercicio 2025.
Apoyo al sector de la pesca
Junto a la reivindicación por una financiación local justa, el pleno de la Diputación también ha alzado la voz por defender a uno de los sectores estratégicos de la provincia: la pesca. En ese sentido, el equipo de gobierno junto con el apoyo del PSPV y Compromís, ha aprobado una moción en defensa de las reivindicaciones de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Castellón ante la propuesta de la Comisión Europea para la flota de arrastre del Mediterráneo para el 2025.
Desde la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Castellón aseguran que la reducción de las jornadas de pesca y otras medidas que plantea al UE supondrán el amarre definitivo de una parte considerable de las embarcaciones de arrastre, lo que llevaría al cierre de las Cofradías de Pescadores, ya igualmente en situación crítica, la pérdida de las respectivas concesiones de las Lonjas, que pasarían a manos privadas, y finalmente a la desaparición de la pesca de litoral como ahora se practica, con la pérdida de empleos directos e indirectos, en el sector y en las empresas vinculadas al sector, y una notable repercusión en el turismo, al desaparecer el incentivo de la pesca de proximidad en los restaurantes.
En su defensa, a través de la moción, la institución provincial insta al Gobierno de España para que interceda de forma inmediata ante la UE para evitar nuevas reducciones de días de pesca para la flota pesquera de arrastre en el 2025, y puedan faenar un mínimo de 160 días, incrementando dicha cifra hasta los 180 días que, según el sector pesquero, son los que dan una viabilidad mínima de subsistencia laboral y económica.
Asimismo, a través de la moción la Diputación de Castellón va a solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez la paralización y retraso al año 2030 de la aplicación del Reglamento Europeo sobre la pesca de arrastre para el Mediterráneo y, además de ello, instará a la Generalitat Valenciana a crear una mesa de trabajo conjunta con el ISM y la Federación Provincial de cofradías para buscar una fórmula legal que resuelva la problemática de todo aquel marinero que no llegue a tener el mínimo de días para optar a la ayuda por desempleo.
Mantenimiento de Muface
En la última sesión ordinaria del año 2025 en la Diputación de Castellón, también se ha aprobado una moción a favor del mantenimiento de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface).
Muface, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, es una institución clave en el sistema sanitario español que da cobertura a más de 1,5 millones de funcionarios públicos. Creada en 1975, esta mutualidad permite que los empleados públicos elijan entre recibir atención médica a través de la sanidad pública o mediante aseguradoras privadas. El pleno ha aprobado instar al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a seguir negociando para lanzar un nuevo pliego que permita salvar Muface.
Al cierre de la sesión, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha deseado una Feliz Navidad a todos los presentes y al conjunto de los castellonenses.
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